Estos esquemas se inician típicamente cuando los negocios o profesionales afirman ayudar a los consumidores que afrontan ejecución hipotecaria al ofrecerles financiación de reemplazo o transacciones "creativas" que prometen salvar la vivienda familiar. De hecho, la transacción final transfiere el título de la vivienda del propietario a quien la rescata de la ejecución hipotecaria o a un comprador "insignificante" establecido por el rescatista. Dichos compradores obtienen entonces préstamos hipotecarios, permitiendo que el individuo que afronta la ejecución hipotecaria siga viviendo en su propiedad por un tiempo limitado y prometen a los individuos que podrán ser capaces de readquirir sus hogares posteriormente.
En asuntos de ley litigados por el Fiscal General, las promesas de mantener la posesión de la vivienda son ilusorias y los propietarios finalmente enfrentan la pérdida de su vivienda ante dicho "rescatista".
El 1º de junio de 2007, el Fiscal General decretó regulaciones de emergencia bajo la Ley de protección al consumidor ( M.G.L. c. 93A ) prohibiendo esquemas de rescate de la ejecución hipotecaria. Las regulaciones de emergencia son ahora terminantes y fueron presentadas ante el Secretario del estado el 31 de agosto de 2007.
Las regulaciones prohíben transacciones usureras de rescate de la ejecución hipotecaria con fines de lucro, en las que el propietario transfiere el título a quien rescata la vivienda mientras que tiene intereses futuros, incluyendo un interés del arriendo o el derecho de readquirir la vivienda. Las transacciones de rescate de la ejecución hipotecaria entre miembros de la familia o acordadas por una comunidad u organización para vivienda sin fines de lucro no están prohibidas bajo esta regulación.
Lea las regulaciones finales de rescate de la ejecución hipotecaria: 940 CMR 25.00: Transacciones de rescate de la ejecución hipotecaria y servicios relacionados con ejecuciones hipotecarias.